Venezuela suspende relaciones con 50 empresas panameñas
La medida, afirma el gobierno, se tomó para proteger "la economía nacional" y se llevará a cabo durante 90 días.
Como medida de “protección” de la economía, el Gobierno de Venezuela suspendió por 90 días relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas panameñas.
Así lo indicó una gaceta extraordinaria emitida por el ejecutivo. La medida es una continuación de la que se tomó el 5 de abril, cuando se suspendieron relaciones con 46 compañías.
"El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados 'paraísos fiscales", informó el texto difundido en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
El ejecutivo además afirmó que las investigaciones que han realizado diversas entidades “muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otros delitos de delincuencia organizada", indica la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.
Entre las empresas señaladas de esconder dinero en paraísos fiscales están algunas que, según el gobierno venezolano, están vinculadas a “mafias” del presidente panameño Juan Carlos Varela como Varela Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc., Varela Overseas Corporation y L.J Varela y Asociados S.A.
También se encuentran en la lista Bienes Raíces Unidas S.A., Gorgona Development Group Inc., One Time Properties Corp., Raiders Holdings Corp., Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr), Bienes Raíces Isla Grande, S.A. (Brisa), Banisto Brokers Inc.
En el documento se le pide a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones que adopten medidas preventivas hacia las personas naturales y jurídicas de estas empresas.
El texto indica que se aplicará, cuando corresponda, medidas como la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras.
